• Miércoles, 22 de Agosto de 2018

SATSE RECLAMA ACABAR CON ÉL TRAS RECUPERAR LA SANIDAD UNIVERSAL

¿El copago tiene los días contados?

El fin del copago farmacéutico especialmente para las personas jubiladas, es lo que el Sindicato de Enfermería, SATSE ha reclamado a la ministra de Sanidad Carmen Montón, tras la entrada en vigor del decreto que recupera la Sanidad Universal. Veremos tras el parón de agosto si el copago tiene los días contados.

El 31 de julio entró en vigor el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros con el que se recupera el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), algo que ha sido valorado positivamente desde distintos sectores de la sociedad, especialmente desde aquellos que forman parte del ámbito sanitario, como el Sindicato de Enfermería, SATSE.

El Sindicato ha emitido un comunicado en el que muestra su satisfacción por la recuperación de este derecho básico y espera que tras su entrada en vigor ningún ciudadano tenga problemas a la hora de recibir atención sanitaria.

Además ha reclamado a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, acabar con el copago farmacéutico a las personas jubiladas “al ser una medida injusta que conlleva desigualdades sociales y más carga burocrática”. Una medida con la que SATSE siempre se ha mostrado contrario, al entender que los pacientes y ciudadanos que necesitan la atención del Sistema Nacional de Salud ya pagan por los servicios que reciben, a través de sus impuestos, y que existen distintas alternativas que mejorarían la situación de nuestra sanidad sin tener que recurrir a cobrarles dinero cuando reciben la prestación sanitaria.

Otra de las demandas del Sindicato a la ministra, es aumentar el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a la sanidad pública hasta el 7 por ciento, desde el actual 5,8 por ciento. Además de una mayor coordinación entre el Ministerio y las distintas consejerías de salud autonómicas para que el derecho a recibir asistencia sanitaria vaya acompañado de los recursos materiales y humanos necesarios que aseguren el normal funcionamiento de los centros sanitarios.

La polémica del Medicamentazo

La Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, conocida como Medicamentazo entró en vigor en julio de 2012, no exenta de polémica. El último en cuestionar algunos aspectos de su funcionamiento fue el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, quien en noviembre de 2017 realizó una serie de recomendaciones al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en manos de la recién nombrada portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, para que promoviera la modificación de la Ley con el objetivo de ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que el acceso de estas personas a los medicamentos que precisan.

En opinión del Defensor, la rigidez de la normativa que aprobaba por vía de urgencia el nuevo modelo de copago farmacéutico, “perjudica la situación de muchos pacientes en situación de vulnerabilidad y entraña un riesgo adicional para la garantía de adherencia a los tratamientos médicos en determinadas circunstancias”.

Entre otras medidas la Institución proponía la exención del copago, o la aplicación de un porcentaje mínimo, a los pacientes afectados por enfermedades crónicas y graves (entre otras, enfermedades raras, degenerativas y oncológicas), especialmente cuando se trate de menores de edad.

Además de la necesidad de eximir del copago a las personas con discapacidad con grado reconocido y a las personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo, a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza.

El Defensor creía también insuficientes los actuales tramos de renta (de 0 a 18.000, de 18.001 a 100.000 y de más de 100.000 euros) y pedía la fijación de nuevos tramos y porcentajes de copago de acuerdo con los principios constitucionales de progresividad y equidad.

Por último, el Defensor del Pueblo solicitaba también al Gobierno que elaborara un informe para evaluar el impacto que la introducción del copago farmacéutico ha tenido en los objetivos de contención del gasto público y en la calidad de la prestación farmacéutica que ofrece el Sistema Nacional de Salud.