• Viernes, 27 de Abril de 2018

ES URGENTE CORREGIR EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO

El sombrío informe sobre pensiones del Defensor del Pueblo

En su último informe, el Defensor del Pueblo alerta de que la magnitud del desequilibrio del sistema de pensiones en los años venideros sigue siendo preocupante, y exige la adopción de medidas.

El Defensor del Pueblo acaba de presentar su informe de actividad en 2017. El documento incorpora un análisis de la situación del sistema de pensiones y de atención a la Dependencia.

En materia de pensiones, el informe analiza las reformas realizadas hasta ahora, y las repercusiones que han tenido sobre los pensionistas. Se detalla que, "a pesar del notable ritmo de crecimiento económico de los últimos cuatro años y a la vigorosa creación de empleo y recuperación del número de cotizantes, el desequilibrio de las cuentas del sistema se ha ido agrandando hasta superar los 18.700 millones de euros en 2016. Cifra que se ha estabilizado en 2017 (18.800 millones de euros) y, a tenor de los objetivos del gobierno recogidos en el Plan Presupuestario de 2018, podría iniciar una tendencia descendente en los próximos años (-1,1 en 2018, -0,9 en 2019 y -0,5 en 2020)". Con todo, señala el informe "la magnitud del desequilibrio en los años venideros sigue siendo preocupante".

Según el informe, pese a la creación de empleo de los últimos años, el ritmo de recuperación de las cotizaciones ha sido muy lento (solo un 3,4 % en 2016), como consecuencia del estancamiento de los salarios; y la pronunciada caída de las cotizaciones abonadas por el SEPE en favor de los perceptores de prestaciones contributivas por desempleo. En conjunto, el nivel de ingresos sigue siendo sensiblemente inferior al que existía en el momento de estallido de la crisis económica.

Para el Defensor del Pueblo parece difícil que el reequilibrio de la situación financiera del sistema pueda lograrse simplemente a través de la recuperación de los empleos perdidos durante los años más duros de la crisis y de una progresiva mejora de las condiciones salariales. Y anticipa dos soluciones probables para equilibrar las cuentas del sistema. El endeudamiento, o el incremento de las fuentes de financiación habituales: una subida de cotizaciones o el aumento de la aportación del Estado. El informe ve más probable la segunda opción, dado el elevado nivel de endeudamiento (entorno al 100%) actual.

El informe señala que la vía elegida en la reforma de 2013 es la de propiciar una progresiva caída de la pensión media real que, a la altura de 2050, permitiría mantener el gasto total en esta partida en niveles similares a los actuales (en un contexto en el que la población pensionista se habría incrementado hasta alcanzar algo más de 15 millones). Ello tendría un fuerte impacto en la cuantía media de las pensiones amenazando su adecuación y, algo seguramente más importante, el grado de sostenibilidad social. Y va más lejos, "la fórmula ha de suponer un empobrecimiento constante de todos los pensionistas -dice el informe-, una trayectoria que podría suscitar dudas con la previsión constitucional que insta a los poderes públicos a garantizar «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad» (artículo 50 de la Constitución española)".

Se señalan igualmente otras vulnerabilidades del sistema, como son "de un lado, el índice de cobertura de las mujeres es sensiblemente inferior: el porcentaje de mujeres con derecho a una pensión entre 60 y 79 años es un 13% inferior al de los hombres; y, algo aún más preocupante, la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es un 40% inferior. Y, de otro, la brecha en la cuantía media de las pensiones (de jubilación y total) roza también el 40%."

Por último informa de que "el 60 % de las pensiones no supera los 800 euros mensuales y la cuantía media se sitúa actualmente en 925 euros. Tales cifras permiten alertar de que algunos indicadores comparados sobre la generosidad de nuestras pensiones ofrecen una fotografía del sistema español algo distorsionada, en una buena medida como consecuencia de la fuerte devaluación salarial de los últimos años."

Termina con el análisis del sistema de pensiones recordando que en un sistema basado en cotizaciones relacionadas con el empleo y los salarios, la evolución de estos marcará decisivamente la capacidad redistributiva de las pensiones. Y menciona el informe de la OCDE Previniendo la desigualdad en el envejecimiento, donde se alerta sobre la pérdida de poder adquisitivo de las futuras pensiones, derivada de la pérdida de capacidad recaudatoria originada en los cambios en el mercado de trabajo. La capacidad redistributiva y reductora de la desigualdad del sistema de pensiones puede no continuar en el futuro, afirma el informe.

Carencias en la atención a la dependencia

En lo referente a la atención a la dependencia, para la oficina del Defensor del pueblo el reto de llegar a la plena atención y mantener únicamente la espera para las personas en proceso de valoración y PIA (que está limitado legalmente a 6 meses) parece imposible sin una mejora en la financiación del SAAD, algo que supondrá incrementar el gasto de forma notable.

No debe olvidarse, recuerda el informe, que la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, reconoce un derecho subjetivo a sus titulares. Las administraciones públicas están obligadas a consignar crédito suficiente en sus presupuestos para atender las obligaciones derivadas del texto legal.

Es necesaria la mejora del sistema de financiación actual, manteniendo su naturaleza finalista, con el fin de garantizar la incorporación de las personas en espera, la recuperación y sostenibilidad del SAAD, y la equivalencia de los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado (AGE) y de las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas integrantes de la Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia estiman imprescindible, para la sostenibilidad del SAAD, que la recuperación de la financiación del nivel mínimo fijado con anterioridad a la reforma de la Ley operada en 2012, se produzca lo antes posible, teniendo en cuenta que la economía española se encuentra en una fase de consolidación del crecimiento y de creación de empleo.

También, según el informe, debería realizarse un análisis más riguroso de la magnitud de la aportación de las personas beneficiarias en la financiación del SAAD, ya que esta podría llegar a suponer el 100 % del coste de los servicios, si tienen capacidad económica para ello o suscriben un reconocimiento de deuda, y así lo regula la comunidad autónoma.

En cualquier caso, tal y como recoge el Informe de la Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia, el actual sistema de copago puede tener un impacto regresivo, ya que aquellas rentas más bajas estarían aportando una proporción mayor de su renta que aquellas que poseen rentas medias-altas, excepto en los tramos de renta inferiores que se encuentran exentos de copago. Este factor regresivo se incrementa sustancialmente cuando la capacidad económica se calcula incluyendo el patrimonio de la persona, llegándose, en los tramos de rentas más bajas, a calcular cuotas de copago que superan los ingresos líquidos de la persona, por lo que difícilmente pueden llegar a hacerse efectivo.

Finalmente, el informe concluye que "debe aprobarse la reforma procesal para que los litigios referidos a las prestaciones del SAAD pasen a la jurisdicción social, tal y como prevé la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, cuya disposición final séptima otorgaba al gobierno un plazo de tres años para remitir a las Cortes Generales el correspondiente proyecto de ley."