• Martes, 22 de Mayo de 2018

EL SOCIÓLOGO Y PROFESOR IMANOL ZUBERO REFLEXIONA SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EDAD

Mayores y participación política, la asignatura pendiente

Es urgente introducir la perspectiva intergeneracional en los procesos políticos de toma de decisiones. Pero esto no será posible si no se produce un empoderamiento político de las personas mayores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo como el “proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. El término activo hace referencia a una “participación continua en las actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la capacidad para estar físicamente activo o participar en el mercado de trabajo”. Llama la atención la ausencia, en esta y en otras caracterizaciones “canónicas” del envejecimiento activo, de cualquier referencia a la dimensión explícitamente política de esta participación. Y ello, a pesar de que la “participación política” (definida como porcentaje de población mayor de 55 años que participa en diversas formas de actividad política, desde manifestaciones a peticiones por correo electrónico) sea uno de los indicadores del Active Ageing Index.

Pero cuando la OMS despliega las actividades participativas que comprende esta dimensión social del envejecimiento activo, se indican las siguientes: “Además de continuar siendo activo físicamente, es importante permanecer activo social y mentalmente participando en: actividades recreativas, actividades con carácter voluntario o remuneradas, actividades culturales y sociales, actividades educativas, vida diaria en familia y en la comunidad”; o de “participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas”. Participación en cuestiones sociales, educativas, económicas, culturales, recreativas, voluntarias, cívicas y hasta espirituales. ¿Y políticas?

Son excepcionales las propuestas que contemplan explícitamente el impulso de la participación política de las personas mayores, y cuando lo hacen se limitan a ponderar la labor de organizaciones exclusivamente compuestas por personas mayores –como es el caso de las asociaciones organizadas en la Federación Internacional de Asociaciones para las Personas Mayores, dedicadas a influir en las agendas institucionales con el objetivo de incorporar a las mismas cuestiones limitadas a la defensa de intereses específicos.

Son excepcionales las propuestas que contemplan explícitamente el impulso de la participación política de las personas mayores

Cuando se analizan los posibles espacios de participación social de las personas mayores se evita cualquier referencia expresa a los partidos políticos, como mucho se cita a los movimientos sociales y, sobre todo, se reivindican los beneficios del asociacionismo y el voluntariado, ampliamente estudiados y explícitamente recomendados.

Desde esta perspectiva, las personas mayores “activas” son reivindicadas en todas las facetas de la vida adulta (económica, lúdica, cultural, sexual, deportiva, relacional, etc.), de las que no tendrían por qué “retirarse”, salvo en lo que se refiere a la dimensión explícitamente política. Es como si la participación política convencional, en partidos y otras organizaciones expresamente orientadas al logro de poder institucional con el fin de desarrollar determinadas políticas públicas se diera por supuesto. Como si la participación social de las personas mayores se estuviera realizando “sólo” en el espacio de la política institucionalizada. Como si hubiera que recordar a unas personas mayores demasiado atadas a una lógica de participación política clásica que existen también otras formas de ejercicio de esta participación.

La participación política de las personas mayores está muy lejos de ser una realidad generalizada y carente de aspectos críticos

Nada más lejos de la realidad. La participación política de las personas mayores está muy lejos de ser una realidad generalizada y carente de aspectos críticos. Más bien al contrario, lo que tenemos es una realidad, como señala Joan Subirats en su aportación al Libro Blanco, en la que “se considera a las personas mayores como objeto de atención, más que como sujetos dotados de autonomía, y mucho menos como personas capaces de desarrollar críticamente esa autonomía”. Una realidad en la que se piensa, cada vez más, “en lo que la política institucionalizada puede hacer por los mayores, en particular, y por una sociedad que envejece, en general”, pero desestimando “el componente político de la participación del colectivo en cuestión”. Todo para las personas mayores, pero sin contar con las propias personas mayores. Despotismo ilustrado para mayores de 65 años.

En 2003 y 2004, el sociólogo Enrique Gil Calvo reflexionaba sobre la previsible aparición de un “poder gris”, consecuencia del progresivo envejecimiento de las sociedades más desarrolladas. También Durán consideraba por la misma época que “podríamos estar asistiendo a la emergencia de un nuevo actor político colectivo, en consonancia con la Sociedad de la Información de la que formamos parte o hacia la que transitamos”.

Sin embargo, tres lustros después y algunos puntos porcentuales de aumento de la población mayor más tarde, la posibilidad de que la (tercera) edad se convierta en un factor político influyente está muy lejos de realizarse.

Incluso las iniciativas de carácter político-representativo, en forma de partidos concurriendo a convocatorias electorales, se construyen en torno a la condición de jubilada o pensionista de la persona mayor, con lo que esto supone de sesgo de género, de clase social y de estatus laboral; son los casos, entre otros, del Democratic Party of Pensioners de Eslovenia, el Croatian Pensionersʹ Party, la holandesa Netherlands General Elderly Alliance (Algemeen Ouderen Verbond, AOV); se trata de partidos que han obtenido representación parlamentaria en algún momento de su historia, pero cuyo recorrido ha sido muy limitado. En febrero de 2000 fue registrado en España un denominado Partido Social de los Mayores (PSMA)… del que nada más se ha sabido.

¿Por qué es tan difícil, casi diríamos que imposible, movilizar políticamente la condición de persona mayor?

Los estudios al respecto ponen el énfasis en cuestiones relacionadas con la salud, como obstáculos o barreras a la participación expresamente política. Pero la salud puede ser un obstáculo objetivo a partir de una cierta edad (pongamos 75-80 años), pero no antes. Por otra parte, la variable salud no nos permite comprender la diferencia en la tendencia de las personas mayores a participar socialmente, pero no tanto políticamente.

Otras explicaciones giran en torno la prevalencia entre las personas mayores de un cierto presentismo hedonista, de un proyecto vital liberado de deberes hacia el mundo, construido a partir de un cambio radical en las prioridades vitales de estas personas: de vivir para los otros a vivir para sí mismas.

En un contexto sociocultural de individualismo institucionalizado, considerando la salud (asociada al envejecimiento) como una variable interviniente, seguimos necesitando encontrar una explicación satisfactoria de la particular relación que las personas mayores mantienen con la participación política, y del escaso papel que este tipo de participación juega en los planes y programas de envejecimiento activo.

La edad como factor influyente

Porque lo cierto es que la edad se ha convertido en un factor político de primer orden en las democracias más desarrolladas, como es el caso de la española. Desde el estudio, ya clásico, de Crittenden (1963), sabemos que las personas mayores participan más en las elecciones, se abstienen menos, expresan mayor proximidad (menos alejamiento) a los partidos políticos y se definen en menor medida como apolíticos o apolíticas. Para el caso español, resulta muy ilustrativo consultar el estudio postelectoral realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras las elecciones generales de junio de 2016. Si lo hacemos, comprobaremos que las personas de 65 y más años se muestran más satisfechas con el funcionamiento de la democracia en España, más confiadas en el funcionamiento del Parlamento español y de los partidos políticos, menos influidas por los sondeos preelectorales, más seguras de lo que iban a votar (el 82,4% de las personas mayores tenía decidido su voto, frente al 69,6% de la población y el 54,5% de quienes tienen entre 18 y 24 años) y más convencidas de que votar es un deber (así lo piensa el 42,5% de las personas mayores, frente al 36% de la población total y el 27,9% de las personas de 18 a 24 años).

Sin embargo, las investigaciones al respecto nos indican también que las personas mayores participan menos en partidos políticos y sindicatos, expresan menor interés por la política cuando se habla en términos generales y participan menos en todas aquellas acciones políticas que vayan más allá de votar.

Nos interesa destacar que la brecha generacional que parece haberse abierto en todas las democracias avanzadas

Lo que nos interesa destacar ahora es la brecha generacional que parece haberse abierto en todas las democracias avanzadas, y señalar algunas de sus consecuencias. En España empezó a hablarse de una “bomba demográfica” con motivo de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. En aquel momento, el censo electoral estaba conformado en un 8,2% por personas de 18 a 24 años, porcentaje que apenas aumentaba hasta el 14,5% si ampliáramos la edad joven hasta los 29 años. Por el contrario, prácticamente uno de cada tres españoles con derecho a voto tenía entonces 60 o más años.

En España, esa brecha generacional se expresa en una división clarísima del voto, con el electorado de más edad votando a los “viejos” partidos (PP y PSOE) y el electorado más joven votando por partidos nuevos como Podemos y Ciudadanos.

La nueva ruptura política entre baby boomers y millennials podría estar alimentando algunas de las peores derivas de nuestros sistemas democráticos

Lo más preocupante es que esta nueva ruptura política entre baby boomers (las personas nacida después de la Segunda Guerra Mundial) y millennials (aquellas nacidas entre 1980 y 1995) podría estar alimentando algunas de las peores derivas de nuestros sistemas democráticos: nos referimos a ese conjunto de fenómenos contemporáneos que suelen incluirse bajo la categoría de “populismos”, y que prefiguran un escenario de guerra cultural entre las generaciones más jóvenes, partidarias de las tecnologías, el feminismo, la diversidad, el cosmopolitismo, y las generaciones más viejas, que reaccionan con resentimiento frente a todos esos procesos y valores, que generan inseguridad e incertidumbre. Realidades como esta apuntan hacia escenarios de potencial conflicto intergeneracional, no sólo en el voto, sino en lo que se refiere a la distribución de los recursos públicos y, en general, en la definición de cuáles deben ser las grandes apuestas políticas de un país.

Durante la crisis fueron los hogares donde el principal perceptor de renta era un pensionista los que mantuvieron el gasto, y estos pensionistas ayudaron solidariamente a hijos y nietos. Pero son estos pensionistas quienes ahora, a pesar de observar en su vida diaria como hijos y nietos se encuentran sin ningún tipo de expectativas de futuro, los que han votado para que todo siga igual. El 1% de la población española que acumula cada día más riqueza y renta ha encontrado un aliado inesperado en un 30% de la población cuyo núcleo duro son los mayores de 54 años. La razón principal es que hasta ahora sus pensiones no han perdido valor adquisitivo. La clave está, en su caso, en ese “hasta ahora”.

Las generaciones jóvenes pueden verse desplazadas de las agendas políticas

En España casi una de cada cuatro personas mayores consideran que sus demandas y necesidades no están recogidas en los programas de los partidos políticos. Otra cosa es la posibilidad de un dominio político de facto, producto no de una estrategia política concertada sino de la simple aritmética electoral. Si las personas mayores son más y si, como hemos visto anteriormente, son más propensas a votar, las generaciones jóvenes, por su tamaño y por su mayor distanciamiento de los procesos electorales, pueden verse desplazadas de las agendas políticas. Recordemos que en el censo para las elecciones generales de 2016, casi el 25% de las personas con derecho a voto eran mayores de 65 años, mientras que las personas de 18 a 29 años eran tan sólo el 14,5% del censo electoral.

Hay autores que consideran que esta desproporción plantea el riesgo de producir una “generation D”, unas cohortes jóvenes privadas (objetiva o subjetivamente) de derechos en la medida en que su voz desaparece de las instituciones políticas. Y desde Hirschman ya sabemos cuáles son las alternativas a la ausencia de voz en las organizaciones: la salida y la deslealtad. Nos enfrentamos, por tanto, a un escenario político sumamente complejo y potencialmente conflictivo, en el que las generaciones más jóvenes, sintiéndose desplazadas de las instituciones políticas, responsabilizan de su situación a unas personas mayores que, desconcertadas muchas veces por los cambios políticos y económicos, pueden acabar siendo a la vez cómplices inconscientes de unas políticas que debilitan los derechos sociales y políticos de la mayoría de la población (al margen de su edad) y víctimas de estas mismas políticas.

Por una repolitización en clave intergeneracional

En 2012 el historiador Niall Ferguson sostenía en una conferencia para BBC que “el mayor desafío al que deben hacer frente las democracias maduras es cómo restaurar el contrato social entre generaciones”. Seguramente sean muchos los “mayores desafíos” a los que hemos de enfrentarnos en los próximos años pero, ciertamente, el señalado por Fergusson es uno de ellos. Las problemáticas que hoy amenazan a las personas mayores y a las jóvenes responden en casi todos los casos a causas comunes, son acumulativos (los problemas de las unas agravan los de las otras) y no tienen solución competitiva (no es posible resolver los problemas de unas cargando los costes sobre las otras).

El mayor desafío al que deben hacer frente las democracias maduras es cómo restaurar el contrato social entre generaciones

Pensemos en la sostenibilidad de las pensiones y su íntima relación con la precarización del mercado de trabajo al que acceden las personas jóvenes; o en la crisis de los cuidados, que afecta tanto a las personas sobreenvejecidas como a las parejas en situación de crianza. Tal vez por ello la temática de la equidad intergeneracional como base para un nuevo contrato social ha vuelto a formar parte de la agenda de investigación y del debate público en muchos países.

Es urgente introducir la perspectiva intergeneracional en los procesos políticos de toma de decisiones. Pero esto no será posible si no se produce un empoderamiento político de las personas mayores. Sin este empoderamiento, el vaciamiento de nuestras democracias no hará sino profundizarse.

Imanol Zubero Beaskoetxea es doctor en Sociología y profesor de la Universidad del País Vasco. Miembro de la comisión de expertos de la iniciativa Gobernantza +65, del Gobierno Vasco. Extracto del artículo publicado en Aula Abierta, de la Universidad de Oviedo.