• Sábado, 15 de Diciembre de 2018

SEGÚN DENUNCIA EL SINDICATO CCOO, Y LAS PATRONALES DEL SECTOR FED, LARES, Y AESTE

Más de cien mil dependientes grandes y severos no reciben prestación económica

El Observatorio del VII Convenio de la Dependencia formado por el sindicato CCOO y las patronales FED, LARES y AESTE, denuncian que en los últimos cuatro años el número de dependientes de Grados II y III que no reciben ninguna prestación ha aumentado un 20,58%, hasta alcanzar las 107.334 personas. Además reclaman una revisión de la financiación para que se mantenga la naturaleza finalista de las prestaciones.

Jesús Cubero, secretario general de AESTE; Paula Guisande, secretaria confederal de Movimientos Sociales de CCOO; el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría; y Juan Vela, presidente de Lares durante la presentación de los datos.
Jesús Cubero, secretario general de AESTE; Paula Guisande, secretaria confederal de Movimientos Sociales de CCOO; el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría; y Juan Vela, presidente de Lares durante la presentación de los datos.

El Observatorio del VII Convenio de la Dependencia formado por el sindicato CCOO y las patronales FED, LARES y AESTE, han presentado en rueda de prensa las conclusiones sobre el análisis que han realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, la calidad que se presta y los recursos disponibles, tras el cual han querido denunciar el aumento en el número de dependientes grandes y severos que están a la espera de recibir la prestación económica que les corresponde, en los últimos cuatro años. Sí en 2014, se contabilizaban en 89.012 personas Grados II y III pendientes de recibir prestación, en 2018, ha alcanzado las 107.334, lo que supone un crecimiento del 20,58%. "Unas cifras que evidencian que se ha producido un impacto de un 5% anual, consecuencia del brutal recorte económico que afecta al número de personas pendientes de recibir prestación en el período 2014-2018", señalan desde el Observatorio.

Además, añaden, y según los datos que publica mensualmente el IMSERSO, el reparto de los recursos pone de manifiesto que lo que en todo momento se articuló como una Ley de Servicios Profesionales se ha visto desvirtuada en la práctica con la remisión a la realización de cuidados en el entorno no profesional, alcanzando prácticamente 1/3 de las prestaciones concedidas.

Actualmente, 396.225 personas; es decir el 31,07% de las prestaciones reconocidas, reciben la cuantía establecida para los cuidados familiares; mientras que 51.251 personas, el 4,02 % reciben ayuda para la  Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal; 215.084 personas, el 16,87%, Teleasistencia; 226.324 personas, el 17,75%, Ayuda a Domicilio; 93.956 personas, el 7,37%, reciben atención en Centros de Día/Noche;  162.885 personas, el 12,77%, Atención residencial; 122.748 personas, el 9,63%, P.E. Vinculada al Servicio; y  6.706 personas, el 0,53%, P.E. Asistente Personal.

En cuanto a la cobertura del SAAD los responsables del Observatorio señalan que las prestaciones económicas en el entorno familiar, en valores absolutos, han vuelto a aumentar desde septiembre de 2014. Si bien según ellos, no es un dato significativo, y genera la inquietud de que se vuelva a implantar un espíritu contrario al de la Ley.

"El modelo de atención domiciliaria y de prevención sirve de excusa para adoptar decisiones en clave de control del gasto público, en detrimento de una atención individualizada que no se produce. Así, por ejemplo, el 20% de todas las prestaciones concedidas representa menos del 1% del total de gasto en Dependencia. En realidad, servicios como la teleasistencia o los servicios de prevención, deberían ser universales y/o más desarrollados. Por contra, desgraciadamente, se mantiene estable la ratio de prestaciones que recibe cada ciudadano, que sigue estando, en el entorno de 1,2".

Sobre la financiación, el Observatorio reconoce el impacto que la crisis social, financiera, económica y presupuestaria de las Administraciones Públicas, ha tenido en la implantación de la Ley con tres líneas de financiación, por un lado con la aportación de la Administración General del Estado, sobre el nivel mínimo de protección y hasta 2015 nivel acordado; la aportación de las Comunidades y participación del beneficiario.

Los datos definitivos de 2016 sitúan el gasto en 7.986 MM de euros, de los que el 47,5% fue para atención residencial; el 18% para Prestaciones Económicas en el entorno familiar; el 14,9% para Ayuda a domicilio; el 11,6% para Centros de día/noche; el 6,9% Prestación Económica vinculada a Servicio; el 0,5% teleasistencia y el 0,3% Prestación Económica Asistente Personal.

Las estimaciones de gasto que se establecen para 2018 es que se alcancen los 9.309 MM de euros; en 2019, los 10.192 y para 2020, los 11.139 (Fuente: Comisión de análisis de la situación de la dependencia creada por acuerdo del Consejo de Ministros 10-02-2017).

Sobre este tema, las organizaciones que forman el Observatorio, reclaman una revisión de la financiación entre las Administraciones Públicas que equipare las aportaciones de los financiadores públicos, manteniendo en todo caso su naturaleza finalista, la garantía del acceso a las personas en situación de dependencia y la sostenibilidad del Sistema.

Por otro lado, y en relación con el empleo en un sector muy precarizado, las organizaciones firmantes del VII Convenio, reonocen la necesidad de seguir trabajando para mejorar la calidad y "asegurar la profesionalidad de quienes trabajan en el sector, para lo cual la firma del  Convenio ha sido un primer, pero firme paso".

 Se calcula que el número de personas que presta servicio en el sector ronda los 330.000, de los que alrededor de 190.000 prestan servicio en el sector residencial y unos 140.000 en servicios sin alojamiento. Los cálculos de crecimiento de empleo estiman en torno a 283.000 personas más: 160.000 en Residencias y centros de día/noche y 123.000 en ayuda a domicilio y teleasistencia. Todo ello en función de la apuesta de futuro que realicen las Administraciones Públicas sobre la implantación de la Dependencia.