• Jueves, 13 de Diciembre de 2018

ANÁLISIS A LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA

CCOO pide 2.500 millones para Dependencia

Con ello llegaría la prestación a cerca de 400.000 personas dependientes que se encuentran en lista de espera o pendientes de valoración, según el sindicato. Además, se posibilitaría la creación de entre 100.000 y 160.000 puestos de trabajo.

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado El informe Seguimiento de la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), actualizado a mayo de 2018.

CCOO denuncia que “uno de cada tres 3 personas dependientes no reciben atención”, y que "para que estas cerca de 400.000 personas que se encuentran en lista de espera o pendientes de valoración reciban una prestación, preferentemente de servicios profesionales, serían necesarios, al menos, 2.500 millones de euros anuales. De esta manera, “se eliminaría la lista de espera y además se crearía un número no despreciable de empleos directos, entre 100.000 y 160.000, en función de la modalidad y la intensidad de los servicios prestados”, señalaron desde el sindicato.

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El documento informa de que el coste total del Sistema a fecha 31 de diciembre de 2016 era de 7.986 millones de euros. Ello suponía un coste medio por beneficiario atendido de 9.226,35 euros/año.

Actualizándolo al número de personas con prestación efectiva en febrero de 2018, el informe estima el coste efectivo del SAAD en 8.852 millones de euros para el ejercicio 2018. El número total de nuevas personas dependientes que es necesario atender en 2018 alcanza las 399.105.

Para el sindicato "El reconocimiento de prestaciones efectivas para la totalidad de las 1,3 millones de personas en situación de dependencia actualmente reconocidas, supondrá una necesidad de financiación que se situará entre el 1% y 1,5% del PIB, en función de la intensidad y calidad de los servicios/prestaciones que se decida implementar.

Según el informe, el coste que actualmente tiene el sistema ronda los 8.800 millones de euros, lejos del objetivo de situar su nivel de financiación en el entorno del 1% -1,5% del PIB. Las medidas de ajuste impuestas por el Gobierno en 2012 supusieron un recorte lineal de la financiación pública estatal, mediante una reducción media del 15% en las cuantías de Nivel Mínimo y la suspensión del Nivel Acordado de financiación. El recorte de financiación que el SAAD acumula por estas causas desde 2012 ronda los 2.500 millones de euros.

Del mismo modo, se denuncia que las medidas puestas en marcha por el Gobierno en la recuperación se han limitado a un incremento parcial de las cuantías de Nivel Mínimo de financiación, que ni tan siquiera ha supuesto la reversión completa de los recortes de 2012. "La muestra del fracaso de la medida -explica el informe- ha sido que en 2017 ni tan siquiera se ha ejecutado la totalidad de las cuantías presupuestadas, ya que la escasa dotación de las mismas no garantiza el nivel de financiación necesario para un reparto justo de los costes de las prestaciones entre el Estado y las CCAA".

Las peticiones de CCOO

El sindicato pide que se garantice la consolidación de todas las transferencias que hoy realiza el Estado con la excusa de la atención a la dependencia (arts. 5 y 6 de la Ley 22/2009 de Financiación de las CCAA) en el modelo previsto en la Ley 39/2006, de modo que con ello se posibilite que la totalidad de estos recursos se articulen en un modelo de financiación finalista, al menos hasta que la plena implantación del Sistema se haya consolidado.

CCOO considera necesaria la reversión completa de los recortes producidos el RD-ley 20/2012, de manera que se devuelvan los importes del nivel mínimo de financiación a las cuantías originales y se recupere el Nivel Acordado de financiación.

Ve necesario el reforzamiento de las posibilidades del actual modelo para mejorar la financiación de las CCAA que ofrecen un mayor volumen de prestaciones de servicio profesionales, reforzando la relación entre financiación recibida y el coste efectivo de las prestaciones.

Por último, CCOO reclama la necesidad de aumentar la dotación presupuestaria del conjunto de administraciones públicas en, al menos, 2.500 millones de euros anuales, de modo que con ello se garantice la atención efectiva de las cerca de 400.000 personas dependientes que se encuentran en lista de espera o pendientes de valoración. La atención directa con servicios profesionales de las 400.000 personas en situación de dependencia posibilitaría la creación de entre 100.000 y 200.000 puestos de trabajo directos, en función de la modalidad de los servicios elegidos y la intensidad de los mismos.