• Jueves, 13 de Diciembre de 2018

EL MINISTERIO MODIFICA LA NORMATIVA PARA TODA ESPAÑA

Los hermanos que vivan en una residencia ya no perderán la pensión

Un dictamen del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad modifica la interpretación de que un centro institucional sea considerado como una unidad económica de convivencia igual que un domicilio.

Angel Martín presentando las firmas en el Congreso de los Diputados.
Angel Martín presentando las firmas en el Congreso de los Diputados.

Los hermanos que vivan juntos en una residencia ya no perderán la pensión no contributiva. Un dictamen del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad modifica la interpretación de que un centro institucional sea considerado como una unidad económica de convivencia igual que un domicilio y, en base a ello, se reduzca o, incluso, pierda la citada prestación en los casos de invalidez y jubilación en los que no haya una contribución a la Seguridad Social.

El Gobierno Central toma tal resolución en respuesta a la demanda concreta de la Junta de Castilla y León y extiende, desde el Imserso, tal comunicación de la nueva interpretación a todas las autonomías. Así, la composición de la unidad económica que era un elemento determinante del reconocimiento y mantenimiento de estas pensiones ya no impedirá, como hasta ahora, que dos hermanos puedan compartir residencia y se vean obligados a vivir separados para no perder estos ingresos.

La legislación y normativa de las pensiones no contributivas es estatal pero la gestión de las mismas, aprobación o desestimación, corresponde a las autonomías. En Castilla y León, como en otras comunidades, aunque de forma más bien anecdótica –la Junta no dispone de datos concretos de afectados– se han dado situaciones en las que dos hermanos han tenido que renunciar a parte de sus ingresos o a vivir separados para no perderlos; una pensión de este tipo media es de 369,90 euros.

Encarna y Julia Garijo, dos hermanas naturales de Almazán, en Soria, fueron unas de las afectadas por esta medida. Ambas, con 94 y 83 años, convivían en el mismo centro de la tercera edad en Matamala, Soria, hasta que Encarna recibió una notificación de la Junta que le obligaba a abandonar la residencia y conservar su paga o a separarse de Julia y conservar su retribución, de unos 380 euros al mes. Según la Ley de la Seguridad Social, en ese momento, dos personas de una misma unidad familiar que conviviesen en el mismo domicilio no podían cobrar, entre las dos, más de 8.900 euros anuales de pensión. Al final, Julia abandonó la residencia y se trasladó a Madrid, donde falleció en enero de este año.

Angel Martín, un amigo de la familia, comenzó una recogida de firmas en Change.org para denunciar este caso que saltó a los medios. Ahora Angel denuncia que "por fin, el Gobierno de España ha rectificado la tozudez de sus actos y ha cambiado de criterio para que no se considere unidad familiar la estancia de dos o más hermanos en una misma Residencia de Ancianos.  Tristemente, las hermanas Garijo Casal no podrán celebrar esta noticia al haber fallecido una de ellas, pero, afortunadamente, muchas personas que están en esa situación de desamparo, no volverán a ser marginadas y maltratadas por los poderes públicos simplemente por el hecho de convivir juntas en una Residencia los últimos días de sus vidas".

Angel presentó más de 135 firmas en el Congreso, apoyado por el PSOE, con el objetivo de promover una propuesta de Ley. La iniciativa socialista fue vetada por la Cámara con el voto en contra de PP y Ciudadanos con el argumento de que la modificación suponía un incremento del gasto público.

Los socialistas decidieron recurrir esa decisión de la Mesa al Tribunal Constitucional. Ese recurso se presentó el 8 de febrero, tan solo días antes de que el Ministerio de Sanidad remitiera a las comunidades autónomas el nuevo criterio para la interpretación de la norma.