• Jueves, 20 de Septiembre de 2018

GRUPO DE TRABAJO DE LAS SEGG PARA EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Todo lo que debes saber sobre la incapacitación

En ocasiones, la evolución de diferentes enfermedades puede llevarnos a la sospecha de que la persona mayor dependiente no está en condiciones reales de ejercer sus derechos, tomar decisiones o cumplir con sus obligaciones, debiéndose valorar la conveniencia de promover su incapacitación.

Para entender lo que significa un proceso de incapacitación hay que distinguir dos conceptos importantes. Capacidad Jurídica es la aptitud que adquiere la persona desde su nacimiento y solo se extingue con su muerte, independientemente de su edad, estado civil o salud física y/o mental. Capacidad de Obrar es la capacidad que tiene la persona al llegar a su mayoría de edad, y que solo puede ser privada de ella por sentencia judicial.

Quiénes pueden ver limitada su capacidad de obrar

Personas con enfermedades mentales graves; personas con deterioro cognitivo o demencia grave; Personas que no puedan autogobernarse por la existencia de un problema grave de salud; y cuando exista un riesgo vital para sí mismo o para terceras personas.

Qué es la incapacitación

Es el proceso jurídico que priva a las personas de su capacidad de obrar, como medida de protección de los derechos de las personas que pierden su capacidad de autogobierno, ante situaciones provocadas por deficiencia física, y /o mental permanente.

La Incapacitación solo puede declararla un juez mediante sentencia.

Cómo iniciar un proceso de incapacitación

Debe iniciarse ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde reside la persona presuntamente incapaz, mediante solicitud dirigida a la Fiscalía, correspondiente al  domicilio habitual de la persona, o bien mediante abogado y procurador para interponer demanda.

Pueden promover el proceso de Incapacitación la propia persona presunta incapaz, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes, los hermanos; el Ministerio Fiscal, cuando no existan personas en el entorno de la persona presunta incapaz, que lo inicien; cualquier persona puede poner en conocimiento del Fiscal, los hechos o circunstancias, que puedan determinar la posible incapacitación de una persona.

El proceso de incapacitación

El Juez a la vista de todas las pruebas y documentación aportada dicta sentencia, y determina el tipo de incapacidad, y establece en el mismo acto el Régimen de Guarda, es decir,  la persona, personas o Institución, que van a ejercer la guarda de la persona incapaz, nombrando tutor o curador.

Se determina la incapacidad total cuando la persona no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes.

En la incapacidad parcial la persona puede realizar determinados actos por sí sola, pero para actos de gran transcendencia o complejidad necesita la ayuda de otra persona.

Figuras de protección

El tutor Esta figura Jurídica se utiliza cuando la persona presunta incapaz es declarada con una incapacidad total para regir su persona y sus bienes.

Pueden ser designados tutores los cónyuges, familiares ascendientes, descendientes o hermanos, siempre y cuando el presunto incapaz no hubiera designado tutor mediante Documento Notarial antes de haber sido declarado incapaz.

En última instancia es el Juez quién determinará en beneficio de la persona incapacitada, quién será su tutor o representante legal.

Son deberes del tutor dar protección personal a la persona incapacitada, procurándole atención, alimentos, etcétera., es decir garantizar los cuidados que precise para garantizar una calidad de vida digna. También debe administrar el patrimonio de la persona tutelada de manera responsable. Estas funciones se realizan bajo la supervisión del Juez y del Ministerio Fiscal.

Además, son obligaciones del tutor informar anualmente al Juzgado de la situación personal y patrimonial del tutelado. En cualquier momento el Juzgado puede exigir del tutor, que informe sobre la situación de la persona incapacitada.

El tutor tiene obligación de solicitar autorización previa judicial para internar a la persona tutelada en un centro o institución; para vender o empeñar bienes inmuebles, objetos y/o valores mobiliarios; para hacer gastos extraordinarios en los bienes de la persona tutelada; o para dar y pedir dinero a préstamo en nombre de la persona tutelada.

El guardador de hecho no es el representante legal del presunto incapaz, no puede sustituirlo en negocios patrimoniales ni actuar por él en actos personales.

Es la persona que asume la protección de la persona y bienes sin estar designado para ello por un Juez, proporcionándole protección en los cuidados, alimentación y  asistencia médica. Puede administrar sus bienes pero no puede venderlos, ni arrendarlos. Solo puede efectuar pagos ordinarios como; agua, luz, gas, etcétera.

El guardador de hecho debe confeccionar un inventario de todos los bienes y llevar la Administración clara y ordenada de la persona presunta incapaz.

El Juez puede requerir al guardador de hecho en cualquier momento un informe de la situación y de los bienes del presunto incapaz, así como de  las actuaciones respecto a los mismos.

 

Composición del Grupo de Trabajo  de la SEGG para el Estudio y Seguimiento de la Ley de Dependencia.
Este Grupo de Trabajo, está compuesto por socios de distinto perfil profesional, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores Sociales, y terapeutas ocupacionales, siendo sus componentes:  
Dña. María Ángeles García Antón. Trabajadora Social. Psicóloga. Coordinadora del Grupo de Trabajo de la SEGG para el Estudio y  Seguimiento Ley de Dependencia. Secretaria General de la Fundación “Envejecimiento y Salud de la SEGG.
 Dr. José Ramón Campos Dompedro. Médico Geriatra. Máster en Gerontología Social. Dirección de negocio Salud 4 (MAPFRE)
Dña.  Ana María Fernández Rodríguez. Trabajadora Social Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela”. Madrid. Postgrado en Dirección de Centros de Servicios Sociales.
Dña. Rosa Matilla Mora. Terapeuta Ocupacional. Directora de www.terapia-ocupacional.com. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Terapia Ocupacional SEGG.
Dña. Mónica Merino Alaínez. Trabajadora Social Fundación Instituto San José. Postgrado en Dirección de Centros de Servicios Sociales.
Dr. Antonio Moya  Bernal. Médico de Familia. C. Salud Embarcaciones Tres Cantos. Dirección Asistencial Norte. SERMAS. Máster en Bioética.
Dr. Andrés Núñez González. Médico Geriatra. Hospital Universitario Puerta de Hierro. SERMAS. Máster en Cuidados Paliativos.
D. ª Eva María Sanz Peces Enfermera y educadora social. Equipo de Soporte y Atención Paliativa Domiciliaria. Dirección Asistencial Norte. SERMAS
Dr. Primitivo Ramos Cordero. Médico Geriatra. Coordinador Médico Asistencial del Servicio de Regional de Bienestar Social. Comunidad de Madrid. Secretario General de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Dña. Julia Cristina Salcedo Gómez. Psicóloga Gerontóloga Técnico de Proyectos y licitaciones de ILUNION.
Dña. María Antonia Valle Martín. Trabajadora Social Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela”. Madrid.