• Viernes, 16 de Noviembre de 2018

COMPARECENCIA DEL GOBERNADOR EN EL CONGRESO

El Banco de España reclama en el Congreso medidas para garantizar las pensiones

En la presentación del Informe Anual ante el Congreso, el gobernador del Banco de España reclama más medidas y tener en cuenta la equidad intergeneracional en el sistema de pensiones.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en el Congreso.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia en el Congreso.

El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, compareció el miércoles 31 ante el Congreso para presentar el Informa Anual del Banco de España. Durante su discurso expuso la posición de la entidad que dirige en materia de pensiones.

Según Hernández de Cos, las reformas del 2011 y 2013 lograban compensar, vía reducción de la pensión media, las presiones del aumento de las tasas de dependencia producidas por el envejecimiento de la población.

Cos explicó que estas reformas se hicieron sobre la base de escenarios macroeconómicos y demográficos  relativamente favorables, aunque llenos de las incertidumbres propias de las proyecciones económicas a largo plazo. Y alertó que esas incertidumbres pueden ir en las dos direcciones. Puede ir a mejor, aumentando la inmigración, pero también puede ir peor si aumenta la esperanza de vida. De hecho, la incertidumbre sobre las tasas de dependencia es mucho menor que sobre la evolución de la población. "La población española en términos de estructura demográfica va a duplicar su tasa de dependencia. Esto es algo de lo que podemos estar bastante seguros, y esta es la variable clave sobre la que pivota todo el análisis de sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones", afirmó.

"Hay algo importante que hay que tener en cuenta, y es la desigualdad intergeneracional"

Según los datos del Banco de España, las consecuencias de la indexación al IPC si no se toman otras medidas,  son que el gasto público aumentará del 12% previsto para 2050 con el factor de sostenibilidad, hasta el 15%, 3 puntos porcentuales más, si se vinculan pensiones a la inflación.

Cos afirmó que "Parece bastante evidente que hay que hacer algo más si finalmente el consenso político acuerda vincular las pensiones al IPC, o por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos", antes de dejar una frase que invita a la reflexión, "hay algo importante que hay que tener en cuenta y es la desigualdad intergeneracional, y un sistema de reparto es esencialmente esto. Y debe considerarse a la hora de decidir las medidas que se vayan a aplicar".

Por su interés reproducimos a continuación la parte del informe que hace referencia a las pensiones.

Discurso completo aquí.

Video de la comparecencia aquí.

Por otra parte, el envejecimiento poblacional supone un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas. En concreto, las estimaciones más recientes de su impacto sobre el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración revelan un incremento significativo del gasto en estas áreas durante las tres próximas décadas. 

En el caso del sistema de pensiones, las reformas de 2011 y 2013 incluían una alargamiento progresivo de la edad de jubilación, la aplicación del factor de sostenibilidad, que vincula la pensión inicial al incremento de la esperanza de vida, y un índice de revalorización anual de las pensiones, que ligaba su incremento al equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema.

Estas reformas favorecían la corrección gradual del actual déficit del sistema, contrarrestando de modo significativo el efecto del incremento esperado de la tasa de dependencia en el largo plazo. Sin embargo, los últimos desarrollos legislativos parecen ir en la dirección de relajar la aplicación de los mecanismos actuales de reequilibrio, el factor de sostenibilidad y, sobre todo, el índice de revalorización anual de las pensiones.

En concreto, la vuelta a la indexación de las pensiones con la inflación generaría, de acuerdo con los cálculos del Banco de España, un incremento del gasto público superior a 3 pp de PIB en el año 2050 en relación con el escenario de aplicación estricta del índice de revalorización.

Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema requerirá, por tanto, incorporar medidas adicionales por el lado de los ingresos o de los gastos del sistema. En todo caso, es deseable que cualquier estrategia de reforma elegida aumente la transparencia del sistema, refuerce su contributividad (es decir, la relación entre las contribuciones y las prestaciones), y, en especial, mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice la sostenibilidad de las pensiones futuras de la población.

Asimismo, es importante recordar que el impacto del envejecimiento poblacional no se circunscribe al ámbito de las finanzas públicas, ya que también incide negativamente en la evolución de la tasa de actividad, la productividad y el crecimiento potencial de la economía, por lo que afrontar este fenómeno requiere una aproximación amplia, en lo que se refiere tanto al período temporal contemplado como al conjunto de instrumentos que se deben utilizar.

En este sentido, las perspectivas de crecimiento potencial a largo plazo de la economía española son relativamente modestas. En concreto, de acuerdo con las estimaciones disponibles, sujetas lógicamente a un cierto grado de incertidumbre, la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía habría disminuido desde cerca del 3% anual en 2008 a cotas algo inferiores al 1,5% con posterioridad a la crisis.

Este nivel, si bien cercano al del área del euro, es inferior al estimado para las economías desarrolladas más dinámicas. Entre los factores estructurales más relevantes que limitan este crecimiento, destacan el mencionado envejecimiento de la población, el elevado desempleo estructural y el escaso dinamismo de la productividad.

En efecto, a pesar del elevado ritmo de creación de empleo de los últimos años, el desempleo sigue siendo muy elevado, especialmente en determinados colectivos, como los trabajadores con menor formación, que presentan una tasa de paro que supera el 25%.

Esta dificultad de algunos colectivos a la hora de encontrar trabajo provoca que, según los datos del tercer trimestre de 2018, prácticamente la mitad de los desempleados lleven en esta situación más de un año. En este ámbito, cobra particular importancia la mejora de la calidad del empleo, que se ve afectada por la elevada parcialidad involuntaria y la corta duración de los contratos. Esta elevada segmentación del mercado de trabajo dificulta, además, las mejoras de productividad.

Estas ineficiencias del mercado se encuentran también detrás -al menos parcialmente- de la evolución de la desigualdad en España durante la crisis. Durante la última recesión que sufrió nuestra economía, la fuerte destrucción de empleo, concentrada en algunos colectivos, y la precariedad de muchas relaciones contractuales que surgían de ese contexto macroeconómico más incierto provocaron un crecimiento de la desigualdad de la renta per cápita, a pesar de que los diferenciales salariales entre trabajadores oscilaron menos que en otros países de nuestro entorno.

La actual fase de recuperación y, en particular, la fuerte creación de empleo están permitiendo una cierta corrección en la evolución de la desigualdad de la renta per cápita. No obstante, a futuro, las reducciones adicionales de los indicadores de desigualdad de renta dependerán de que continúe disminuyendo el desempleo, lo que requiere mejoras en la empleabilidad de los colectivos con menor formación, así como del aumento de horas efectivamente trabajadas por los ocupados con menores salarios. 

En todo caso, las causas que se encuentran detrás de la dinámica de la desigualdad y de sus efectos son complejas, y su conocimiento exige analizar en profundidad las distintas dimensiones relevantes (salarios, renta del hogar, consumo y riqueza, entre otros), como requisito esencial para el diseño de las políticas públicas que favorezcan un crecimiento socialmente sostenible.