• Jueves, 20 de Septiembre de 2018

TRES ECONOMISTAS DEFIENDEN EL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN

Cuánto cuestan las últimas decisiones en pensiones

Tres economistas analizan cómo afectan las últimas decisiones en pensiones al déficit de la Seguridad Social y a las cuentas nacionales.

Enrique Devesa, profesor en la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Investigación Polibienestar; Rafael Doménech pertenece a BBVA Research; y Robert Meneu, profesor de la Universidad de Valencia, han analizado en un artículo publicado en El País, cómo afectan las decisiones del Gobierno de subir las pensiones conforme al IPC en los dos próximos años, y retrasar el factor de sostenibilidad a 2023.

En lo relativo a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, las subidas anunciadas para 2018 suponen casi 1.600 millones de gasto adicional en 2018 y 3.200 en 2019 respecto al escenario de subida con el 0,25%. A esta cantidad hay que añadir la mejora de las pensiones de viudedad. Por lo tanto, estamos hablando de unos 4.800 millones adicionales de gasto a los dos años.

Según los autores del artículo, "aunque en 2018 y 2019 este gasto adicional se pague con más impuestos, tal como se ha anunciado, hacia adelante dificulta la consecución del equilibrio financiero del sistema de pensiones. Las subidas de las pensiones con la inflación consolidan permanentemente un gasto mayor, y suponen un aumento del déficit estructural del sistema de pensiones, trastocando una de las líneas medulares de la reforma de 2013 si no se adoptan otras medidas compensadoras".

El retraso en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, hace que se pierda un ahorro de unos 14 millones iniciales hasta unos 352 millones. "Pero este crecimiento en el gasto, dice el artículo, no se detendría en 2023 aunque se introduzca el Factor de Sostenibilidad ese año, porque a las nuevas altas a partir de esa fecha se les aplicaría un Factor de Sostenibilidad permanentemente más elevado, en lugar del que correspondería de haberse implantado en 2019. Es decir, todas las nuevas pensiones de jubilación a partir de 2023 serán aproximadamente un 2% mayores por el hecho de aplicar con cuatro años de retraso el Factor de Sostenibilidad. Por lo tanto, a largo plazo el gasto en pensiones contributivas de jubilación será un 2% mayor por ese retraso. Como las pensiones de jubilación —que son las únicas a las que les afecta el Factor de Sostenibilidad—representan aproximadamente un 60% del gasto en pensiones, suponiendo que este porcentaje se mantuviera constante (aunque seguramente aumentará) el aumento equivale a un 1,2% más de gasto permanente en pensiones para todas las generaciones a partir de esa fecha.

En definitiva, argumentan los autores, al mayor gasto por la revalorización por la inflación (2,4%) hay que añadir el ahorro acumulado que se pierde por retrasar el Factor de Sostenibilidad equivalente a un 1,2% de mayor gasto a largo plazo. Los autores alertan de que estas medidas dificultan la probabilidad de cumplir el objetivo de déficit.

El artículo concluye afirmando que "las decisiones adoptadas implican un aumento del déficit estructural del sistema de pensiones y un incremento de la redistribución intergeneracional. Finalmente hace una reflexión sobre las decisiones que debe tomar el pacto de Toledo, señalando que "en ningún caso sería necesario ni conveniente derogar el IRP, salvo que se quiera dejar el gasto en pensiones al margen de la restricción presupuestaria y ocultar a la opinión pública sus implicaciones. El IRP es lo suficientemente flexible y neutral como para gestionar con más información y transparencia cualquier reforma del sistema de pensiones", termina el artículo.