• Miércoles, 23 de Enero de 2019

LO APROBARÁ POR DECRETO EL VIERNES 28 DE DICIEMBRE

El Gobierno pone fin al 0,25%

El nuevo mecanismo de revalorización conforme al IPC enterrará definitivamente el Índice de Revalorización introducido en la reforma de 2013 por el que las rentas de los jubilados han subido tan solo un 0,25% en cinco años.

El Gobierno ha decidido incluir una reforma legal en el proyecto de Real Decreto-Ley de medidas urgentes del orden social, que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros, para suprimir el actual factor de revalorización de las pensiones. Este factor fue aprobado en 2013 y limitaba la subida de las prestaciones a un 0,25% mientras la Seguridad Social estuvieran en déficit.

Los Presupuestos Generales de 2018 ya habían dejado en suspenso este factor para este año y el próximo e incluían una subida de pensiones del 1,6% para ambos ejercicios.

Ahora el Gobierno ha ido más allá en este Real Decreto-Ley y determina “como cuestión urgente y prioritaria” la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en 2019 de acuerdo con el IPC previsto (el citado 1,6%) y, además, incorporar una paga compensatoria que equipare el incremento de 2018 a lo que han subido la inflación real entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018.

Concretamente el texto establece que las pensiones contributivas de la Seguridad Social y de las clases pasivas (funcionarios) “experimentarán en 2019 un incremento del 1,6% respecto del importe que habrían tenido en 2018 si se hubieran revalorizado en el mismo porcentaje que el valor medio de la variación porcentual interanual del IPC de cada uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018, expresado con un decimal, que en 2018 es del 1,7%”. Esto significa que, además de incrementarse un 1,6% todas las pensiones a partir del 1 de enero próximo, los pensionistas recibirán una paga en una sola vez, “antes del 1 de abril”, elevando un 0,1% más la cuantía de su pensión.

No sale gratis

Estas medidas tienen su coste. El próximo viernes, in extremis, el Gobierno se verá obligado a aprobar un suplemento de crédito con cargo a deuda pública de casi 1.400 millones para hacer cubrir parte de la subida del 1,6% aplicada este año a los jubilados más la paga que recibirán antes del 1 de abril para compensar la desviación de los precios. Un nuevo recurso al endeudamiento que se produce apenas unos días después de que el Ejecutivo sacara 3.000 millones de la hucha de las pensiones para poder pagar la extra de Navidad a los jubilados.

Con este nuevo incremento la pensión mínima se situará el año que viene en 677,4 euros mensuales y la máxima que abona el sistema en 2.659,4 euros.

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El decreto del Gobierno justifica la aprobación del nuevo sistema de revalorización de las pensiones en las demandas de los jubilados "movilizados ante la perspectiva de que después de ver primero suspendida y después reducida la revalorización de sus pensiones por la crisis y las medidas adoptadas subsiguientes, y una vez superada aquella, el poder adquisitivo de sus pensiones siguiera reduciéndose año tras año y sin posibilidad alguna de recuperación, lo que parece incompatible con el Estado de Bienestar".

El nuevo mecanismo de revalorización enterrará definitivamente el Índice de Revalorización introducido en la reforma de 2013 por el que las rentas de los jubilados han subido tan solo un 0,25% en cinco años.

El Consejo también aprobará la subida de las bases de cotización en un 7% para el año próximo. Estas bases de cotización son la referencia oficial para calcular lo que tienen que pagar los trabajadores y los empresarios a la Seguridad Social. Aunque esas bases se corresponde con el salario del trabajador, tiene unos límites, que en 2019 será de 1.050 euros al mes por abajo y 4.070,10 por arriba. Al elevar un 7% esa base, el Ejecutivo aumenta la cuantía que tienen que pagar los empresarios por los empleados que más ganan. Según los números de la Seguridad Social, cada punto que se incrementa la base máxima de cotización suponen entre 100 millones y 110 millones más de recaudación para el instituto público.