• Miércoles, 23 de Enero de 2019

INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA

Impacto de las últimas medidas en pensiones sobre las finanzas públicas

Reproducimos por su interés el texto sobre el impacto de las últimas medidas en pensiones que el Banco de España incluirá en su "Informe trimestral de la economía española" del cuarto trimestre de 2018.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante una comparecencia en el Congreso.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante una comparecencia en el Congreso.

Las presiones demográficas, observadas y esperadas, junto con el impacto de la reciente crisis económica sobre las cuentas de la Seguridad Social han llevado, en los últimos años, a la aprobación de varias reformas que tienen como objetivo preservar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, la última de las cuales tuvo lugar en 2013.

Esta reforma introdujo dos mecanismos automáticos de ajuste del gasto en pensiones. Por un lado, se implantó un nuevo índice de revalorización de las pensiones (IRP), que sustituyó a la vinculación existente hasta entonces de sus aumentos con los del IPC. El IRP, vigente desde 2014, liga los incrementos anuales de las pensiones a la situación del sistema, de manera que si este fuera deficitario, el máximo crecimiento de las pensiones sería un 0,25%.

El índice también establece un máximo de revalorización según el crecimiento del IPC en diciembre del año precedente más un 0,5%. En la práctica, la aplicación del IRP ha dado lugar a revalorizaciones anuales del 0,25% entre 2014 y 2017. Por otro lado, se estableció el denominado "factor de sostenibilidad" (ya previsto en la reforma de 2011), según el cual el importe inicial de las pensiones se vincularía al aumento observado de la esperanza de vida a los 67 años, de modo que, cuanto mayor sea el crecimiento de esta última variable, menor será la pensión inicial. Este factor estaba previsto que entrase en vigor en 2019.

Con las reformas de 2011 y 2013 habría "un descenso progresivo del valor de la pensión media en relación con el del salario medio para compensar los efectos negativos de la evolución de la tasa de dependencia"

 

Las innovaciones anteriores contribuyeron a mejorar significativamente la sostenibilidad a largo plazo del sistema, como reflejan las proyecciones del gasto en pensiones para la economía española incluidas en el último informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea.

No obstante, en ausencia de cambios legales adicionales en los ingresos o en los gastos, la contrapartida de esta mejora en la sostenibilidad sería un descenso progresivo del valor de la pensión media en relación con el del salario medio para compensar los efectos negativos de la evolución de la tasa de dependencia. Esta compensación operaría fundamentalmente a través de los mecanismos de ajuste automáticos introducidos en 2013 y, en particular, del IRP. Así, en ausencia de cambios legales adicionales, las proyecciones implicarían una revalorización anual de las pensiones a la tasa mínima establecida del 0,25% durante gran parte de las tres próximas décadas, lo que, en un contexto de tasas de inflación en torno al 2% —la referencia de medio plazo del BCE— daría lugar a una erosión gradual del poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida de su perceptor.

Sin embargo, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, adoptó una serie de medidas que modifican la aplicación de los dos mecanismos automáticos anteriores, con un impacto significativo sobre las cuentas del sistema de pensiones.

En primer lugar, dicha ley fijó un incremento de las pensiones en el bienio 2018-2019 superior al 0,25% que se derivaría de la aplicación del IRP. En concreto, se estableció un aumento del 1,6% para todas las pensiones en 2018, que, de no mediar acuerdo alternativo de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, habría de aplicarse también en 2019.

"Las medidas en materia de revalorización supondrán a corto plazo un mayor gasto, de unos 2.500 millones de euros en 2018 y de unos 5.300 millones en 2019"

 

Además, las pensiones mínimas y no contributivas se incrementaron en un 1,4% adicional en 2018. Por último, en materia de revalorización de las pensiones, la Ley de Presupuestos para este año elevó el porcentaje aplicable a la base reguladora de las pensiones de viudedad para pensionistas sin otros ingresos, del 52% al 56% en 2018 y al 60% en 2019. En segundo lugar, en relación con el factor de sostenibilidad, su entrada en vigor se retrasó hasta nuevo acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo o hasta el año 2023, como máximo.

Frente al escenario de crecimiento de las pensiones del 0,25% que prescribía el IRP, el Gobierno actual estima que las medidas en materia de revalorización supondrán a corto plazo un mayor gasto, de unos 2.500 millones de euros en 2018 y de unos 5.300 millones (un 0,4% del PIB) en 2019.

Por su parte, el retraso a 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad supondría, según estimaciones del Banco de España, un aumento del gasto anual en pensiones de 0,1 puntos porcentuales (pp) del PIB en promedio durante la próxima década (2020-2030) y de 0,3 pp durante la década siguiente.

Este mayor gasto sería consecuencia tanto del aumento de la pensión media de las cohortes que se jubilen entre 2019 y 2022, que ahora quedan exentas de la aplicación del factor de sostenibilidad, como del aumento de la pensión media de las cohortes que se jubilen a partir de 2023, para las cuales el retraso de cuatro años en la aplicación del factor daría lugar a una pensión inicial mayor.

Más recientemente, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo para que las pensiones se revaloricen, de forma general, en base al IPC observado, lo que significaría la eliminación del actual IRP. Las implicaciones sobre el gasto en pensiones que esto podría tener, en un horizonte de largo plazo, son muy superiores a las derivadas de las medidas ya adoptadas en la Ley de Presupuestos de 2018. En concreto, con respecto al escenario de aplicación de la reforma de 2013, una simulación del impacto sobre la evolución del gasto en pensiones en el período 2018-2050 de un escenario en el que la pensión media se revalorizara conforme al IPC y el factor de sostenibilidad entrara en vigor en 2023 arrojaría un aumento del gasto de 1,9 pp del PIB en 2030 y de 3,4 pp en 2050.

Si bien las simulaciones anteriores están sujetas a un grado de incertidumbre no despreciable, dado lo dilatado del horizonte considerado, a partir de ellas cabe concluir que, bajo el escenario demográfico y macroeconómico previsto, las medidas recientes adoptadas relativas al sistema de pensiones requerirán actuaciones adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema, con objeto de garantizar su sostenibilidad financiera.