• Viernes, 16 de Noviembre de 2018

PIDE UN INCREMENTO DE 700 EUROS/AÑO EN LA PENSIÓN DE LOS AFECTADOS

OCU pide que `la mili´ cuente para calcular la pensión

OCU pide que se establezca una compensación de 700 euros anuales en las pensiones de los que hicieron la mili, además, solicita ventajas a la hora de jubilarse anticipadamente y que la mili cuente para generar el derecho a la prestación.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una campaña para pedir que el tiempo de realización del servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria se tenga en cuenta en el cálculo de la pensión.

La medida podría beneficiar a todos los varones de más de 34 años, y permitiría, por ejemplo, acceder a la pensión en algunos casos, adelantar un poco la edad de jubilación a los trabajadores en activo que así lo decidieran, o bien mejorar la pensión de los actuales pensionistas y de los que de futuro accedan a esa condición. Contemplar el tiempo de la mili en el cálculo de la pensión también beneficiaría a las pensiones de viudedad y orfandad.

OCU considera de justicia compensar a aquellos que durante un tiempo se vieron obligados a realizar este servicio al Estado, lo que interrumpió su cotización y el cobro de su salario si ya estaban trabajando, o bien retrasó su entrada en el mercado laboral. En su día OCU llevó el caso a los tribunales, que desestimaron la petición porque la normativa en vigor aplicable no lo amparaba.

El Parlamento español quiso solucionar este problema. En agosto de 2011 se aprobó la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Esta Ley establecía en la disposición adicional vigésimo octava que el Gobierno presentaría en el plazo de un año, un proyecto de ley que estableciera “un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pueda reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compense la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias”.

Sin embargo, OCU denuncia que el cómputo de la mili en la pensión es otra promesa incumplida y olvidada con la excusa de la crisis. Posteriormente en 2013 y ante la desidia del Gobierno anterior, La ley de presupuestos de 2014 aplazó sin fecha la aplicación de esta disposición.

Para OCU una compensación justa sería una subida lineal de 50 euros/mes por cada año de servicio, en 14 pagas al año que supondría un incremento de 700 € al año en la pensión de todos los afectados, sus viudas o sus huérfanos. Además, ventajas a la hora de jubilarse anticipadamente y que cuente para generar el derecho a la prestación.

Este olvido afecta de manera injusta a más de 10 millones de personas, entre los trabajadores en activo, las personas que ya están jubiladas, y las viudas y huérfanos que cobran pensiones calculadas en función de las cotizaciones. Todos ellos sufren en mayor o menor medida un perjuicio en las condiciones de sus pensiones motivado por el cumplimiento de una obligación con el Estado.

Por ello OCU ha puesto en marcha la campaña, #lamilicuenta para conseguir que el Gobierno apruebe una Ley para compensar en la pensión el tiempo obligatorio de Servicio Militar o Prestación Social. Para ello pide el apoyo de los consumidores a través de la web www.lamilicuenta.org, y trasladar al Gobierno y a los grupos parlamentarios la inclusión de esta medida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

`La mili´ y la objeción de conciencia

En marzo de 2001 un Consejo de Ministros presidido por José María Aznar, aprobó el decreto por el que el servicio militar obligatorio se suspendía (no suprimía) a partir del 31 de diciembre de ese mismo año, de forma que desde el 1 de enero de 2002, todos los miembros de las Fuerzas Armadas eran ya profesionales.

Precisamente la necesidad de profesionalizar el ejército fue lo que argumentó el gobierno para acabar con el reclutamiento forzoso, aunque lo cierto es que desde la década de 1970 el clima antimilitarista había ido ganando terreno en la calle. En 1971 un Consejo de Guerra condenó a 15 meses de prisión a Pepe Beunza, el primero en declararse objetor de conciencia por motivos ideológicos y no religiosos. Seis años más tarde, la presión de los antimilitaristas fue en aumento, organizando huelgas de hambre en varias ciudades españolas para reclamar que los objetores de conciencia fueran liberados de las prisiones.

Para frenar el movimiento de insumisión el gobierno de Felipe González aprobó en 1984 la Ley de Objeción de Conciencia, aunque no entró en vigor hasta 1989. A partir de entonces quienes se negaban a realizar la "mili" podían cumplir con un servicio social como alternativa, la conocida como Prestación Social Sustitutoria, por un periodo de 18 meses. Las protestas antimilitaristas no dejaron de crecer y en 1991 el gobierno se vio forzado a dar un nuevo paso: los insumisos serían juzgados por un tribunal civil y no por un tribunal militar.

El antibelicismo se agudizó durante la primera Guerra del Golfo y en 1998 el número de objetores de conciencia era superior al de soldados de reemplazo. Finalmente el gobierno del Partido Popular despenalizó la insumisión y seguidamente se aprobó el decreto que suspendía al servicio militar obligatorio. En 2002 salieron de la cárcel los últimos insumisos.